El informe del primer semestre de 2018 de la ONG Una Ventana a la Libertad, determina las precarias condiciones de los centros de detención preventiva, donde la mayoría carece de condiciones básicas que garanticen los derechos humanos y civiles.

“Hoy a mi hermano se le juzga siendo inocente por denunciar el sistema que ha apresado, asesinado y condenado al exilio a millones de venezolanos”, denunció por Twitter Rafaela Requesens.

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 2.163 protestas en julio de 2018, un promedio de 72 reclamos diarios, más del doble de los casos registrados durante el primer semestre de 2018, cuyo promedio diario fue de 30.

Este viernes se difundió un video en el que el diputado, secuestrado por la dictadura, aparece manchado de excremento en una especie de baño.

El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, señaló que el diputado opositor de la legítima Asamblea Nacional fue el autor intelectual, mientras que el financista de la conspiración fue el venezolano -residenciado en Miami- Osmán Delgado Tabosky. El gobierno pidió la extradición.

En una declaración aprobada por la bancada mayoritaria, la Asamblea Nacional ratificó que el gobierno de Maduro “ejecuta políticas de violación sistemática de los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad, los cuales podrían ser eventualmente juzgados en la Corte Penal Internacional”.

El fiscal de la ANC Tarek William Saab había informado previamente sobre los trámites realizados para allanar la inmunidad parlamentaria del diputado Juan Requesens, detenido arbitrariamente por el Sebin junto a su hermana la noche del martes, lo vinculan al presunto atentado registrado el sábado en la avenida Bolívar. La Sala Plena del TSJ declaró procedente su enjuiciamiento y, además, acordó la detención para Julio Borges. Minutos después, la ilegal constituyente sesionó para declarar y confirmar un juego ya cantado. 

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